Acerca de la CIDGE

Mediante el Acuerdo Presidencial publicado el 9 de diciembre de 2005 y con el objetivo de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración Pública Federal, se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico.

En este Acuerdo se establecen los mecanismos de coordinación entre las Dependencias y Entidades así como los siguientes grupos de participación:

El Consejo Ejecutivo;
Los Consejos Técnicos;
Las Subcomisiones, y
El Grupo Consultivo

El Presidente de la Comisión es el Titular de la Secretaría de la Función Pública y su Secretario Ejecutivo es el Titular de la Unidad de Gobierno Digital.

Principales Funciones

Conocer las necesidades en materia de TIC en la APF y recomendar las acciones para su desarrollo;
Apoyar los acuerdos orientados a la búsqueda de recursos económicos para el desarrollo de los proyectos, con las Dependencias y Entidades, organismos nacionales e internacionales, ya sean públicos o privados;
Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración con los poderes federales; la Procuraduría General de la República; los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, a fin de propiciar el intercambio de información y experiencias, el análisis de problemáticas comunes y la realización de proyectos conjuntos en materia de Gobierno Electrónico y TIC;
Proponer el establecimiento de una arquitectura tecnológica de la APF, con una visión orientada a la administración estratégica de servicios de TIC para definir y alinear los procesos del Gobierno Federal, mediante la utilización de modelos de operación que permitan identificar las oportunidades para replicar o reutilizar los recursos, mejorar la efectividad y obtener ahorros en los costos al mejorar los servicios proporcionados al ciudadano; en la medida en que las capacidades técnicas, organizacionales y presupuestarias de cada institución lo permitan;


Inicio \| CIDGE

	Regresar \| Imprimir

	Acerca de la CIDGE Mediante el Acuerdo Presidencial publicado el 9 de diciembre de 2005 y con el objetivo de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración Pública Federal, se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. En este Acuerdo se establecen los mecanismos de coordinación entre las Dependencias y Entidades así como los siguientes grupos de participación: El Consejo Ejecutivo; Los Consejos Técnicos; Las Subcomisiones, y El Grupo Consultivo El Presidente de la Comisión es el Titular de la Secretaría de la Función Pública y su Secretario Ejecutivo es el Titular de la Unidad de Gobierno Digital. Principales Funciones Conocer las necesidades en materia de TIC en la APF y recomendar las acciones para su desarrollo; Apoyar los acuerdos orientados a la búsqueda de recursos económicos para el desarrollo de los proyectos, con las Dependencias y Entidades, organismos nacionales e internacionales, ya sean públicos o privados; Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración con los poderes federales; la Procuraduría General de la República; los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, a fin de propiciar el intercambio de información y experiencias, el análisis de problemáticas comunes y la realización de proyectos conjuntos en materia de Gobierno Electrónico y TIC; Proponer el establecimiento de una arquitectura tecnológica de la APF, con una visión orientada a la administración estratégica de servicios de TIC para definir y alinear los procesos del Gobierno Federal, mediante la utilización de modelos de operación que permitan identificar las oportunidades para replicar o reutilizar los recursos, mejorar la efectividad y obtener ahorros en los costos al mejorar los servicios proporcionados al ciudadano; en la medida en que las capacidades técnicas, organizacionales y presupuestarias de cada institución lo permitan;